Gobierno de Coahuila, Torreón y Saltillo presentan controversia constitucional contra Plan B

El Gobierno de Coahuila presentó una demanda de controversia constitucional contra el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República por las reformas del Plan B que modifican la Ley General de Comunicación Social y afectan la soberanía de las entidades. 

El gobierno estatal argumentó que se viola la soberanía al “invadir” las facultades constitucionales para la aprobación del presupuesto y cómo se ejerce. Agregando que busca “que el ejercicio de los derechos ciudadanos de acceso a la información no se vea vulnerado y defender los mecanismos mediante los que la ciudadanía puede acceder a ellos”.

Torreón

A la exigencia, se sumó el Ayuntamiento de Torreón, cuando hoy viernes la sindica de mayoría firmó una controversia en su calidad de representante jurídica.

Saltillo

Por su parte, el Gobierno Municipal de Saltillo también acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para exponer una controversia constitucional contra el Plan B de la Reforma Electoral.

El Municipio, a través de la Secretaría del Ayuntamiento y por medio Dirección de Asuntos Jurídicos, puso en marcha la acción legal en contra de la reforma aprobada el pasado mes de diciembre de 2022.

Carlos Estrada Flores, secretario del Ayuntamiento, informó que el objetivo es que se declare no válido el artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, que atenta contra la libertad hacendaria de los municipios para ejercer la libre administración de sus recursos, e invade su autonomía.

El funcionario dijo que hasta antes de la reforma, la Ley General de Comunicación Social permitía la realización de campañas de salud, como la preventiva hecha desde el inicio de la contingencia por el Covid-19, además de la promoción de políticas públicas para la seguridad, o para incentivar el pago de los distintos impuestos municipales.

Los artículos afectados son el 26 y el 45 que indican lo siguiente:

Artículo 26.- Los Entes Públicos deben elaborar el Programa Anual de Comunicación Social considerando la prioridad temática y cronología de la difusión de las Campañas a efecto de dar cumplimiento con la Estrategia de Comunicación Social. Las Campañas se sujetarán al objetivo de comunicación que persigan los Entes Públicos.

En los Programas Anuales de Comunicación Social, los Entes Públicos deben observar:

I. Que las Campañas de Comunicación Social tengan relación directa con sus atribuciones y facultades;

II. Que los recursos a utilizar sean proporcionales a los objetivos de la campaña no rebasen los límites de ejercicio establecidos en esta Ley;

III. Que las herramientas y medios previstos para la difusión de la campaña sean idóneos para tener impacto en el público objetivo;

IV. Que sus objetivos sean claros y precisos para comunicar;

V. Que establezcan metas y procedimientos de evaluación de las campañas;VI. Que utilicen, en primera instancia, los tiempos oficiales conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables, en el caso de los Entes Públicos que tengan derecho a ello, y

VII. Que cumplan con los principios rectores de la Comunicación Social, los criterios para la aplicación del gasto y las reglas para la asignación de Campañas de Comunicación Social previstas en esta Ley.

El límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente.(Lo resaltado es propio)

En las Entidades Federativas, el límite de gasto que se haga en Comunicación Social a que refiere este artículo deberá estar homologado con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 45.- Cuando las personas servidoras públicas federales, de las Entidades Federativas, los municipios o las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México cometan alguna infracción prevista en esta Ley, se dará vista a la autoridad competente para conocer de los hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables.