Este viernes 19 un juez libró 83 órdenes de aprehensión contra mandos militares, funcionarios estatales de Guerrero, policías estatales, municipales y miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo los mandatos contra 20 mandos militares y personal de tropa de los batallones 27 y 41 en Iguala (Guerrero), cinco autoridades administrativas y judiciales de Guerrero, 26 policías de Huitzuco, seis de Iguala, uno de Cocula, 11 elementos estatales y 14 miembros de Guerreros Unidos.
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Dista mucho del esclarecimiento de lo que ocurrió, reclama
Se les acusa de delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
La FGR precisó que cada imputación se dará a conocer en el proceso penal.
La Fiscalía señala que todos los señalados están vinculados a lo ocurrido en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 cuando 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos.
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Uno de los arquitectos de la llamada ‘verdad histórica’ en el caso Ayotzinapa
DETENCIONES Y EL CASO AYOTZINAPA
Este mismo día fue detenido el exprocurador Jesús Murillo Kara, luego de que la Policía Federal Ministerial, junto a la Marina, cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia.
La diligencia por parte del personal policiaco de la FGR se dio en el sur de la Ciudad de México.
Tanto la captura de Murillo Karam como la liberación de las órdenes de captura ocurre un día después del informe por el subsecretario Alejandro Encinas sobre las indagaciones pendientes contra 33 personas involucradas en el caso Ayotzinapa, entre ellas funcionarios federales, municipales e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
Cabe aclarar que las diligencias liberadas esta noche se extienden contra las más de 33 personas señaladas.
El actual gobierno federal acusa a funcionarios de la administración del expresidente Peña Nieto de construir la llamada “verdad histórica”, a la que un informe de la Secretaría de Gobernación describió como “una acción concertada desde ‘el más alto nivel del gobierno’, que ocultó la verdad de los hechos y que alteró las escenas del crimen”.
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