Mandos de las fuerzas armadas han operado para deslindar responsabilidades luego de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 y la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en las labores de búsqueda.
De acuerdo a las comunicaciones hackeadas a la Sedena por el Grupo Guacamaya y revisadas por varios medios nacionales y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, abogó presuntamente por la liberación del capitán José Martínez Crespo, uno de los mandos del 27 Batallón de Infantería en Iguala.
Martínez Crespo, relata MCCI, recorrió la zona donde los normalistas fueron atacados, incluyendo el punto donde dos fueron asesinados la noche del 26 de septiembre de 2014.
Además, se revela que si bien Cresencio Sandoval dice que el capitán tuvo una “limitada capacidad económica”, luego de su retiro; documentos apuntan a que era dueño de cinco domicilios en distintas ciudades de México, uno de ellos en Chihuahua.
Otras comunicaciones filtradas revelan que mandos de la Sedena aconsejaron “deslindar al Ejército de cualquier participación, criminalizar a los estudiantes, desacreditar a los padres, defender la ‘verdad histórica’ y la salida del GIEI”. También se planteó “preparar” al personal del Batallón para ser entrevistados por los expertos del GIEI.
En 2016, los expertos del GIEI concluyeron su mandato en México denunciando obstáculos a sus labores para dar con el paradero de los jóvenes.
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