Ricardo Mejía Berdeja recibe sentencia de medida cautelar y preventiva para garantizar equidad en proceso electoral

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sentencia emitida por el Tribunal Local de Coahuila en contra del subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, en la que establece medidas cautelares y de tutela preventiva para el retiro de anuncios espectaculares en los que promueve su imagen en busca de la candidatura de Morena a la gubernatura. 

En dicha sentencia, el Tribunal Electoral de Coahuila modificó el acuerdo de la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), con lo que se debieron ampliar las medidas cautelares para el retiro de 29 espectaculares que no fueron considerados en una primera instancia, además de extender la tutela preventiva respecto de la entrega de calcomanías y la realización de mítines por parte de Mejía Berdeja. 

Dichos espectaculares aluden a la publicación de una entrevista del subsecretario en una revista, que el TEC consideró como uno de los elementos con los que el funcionario federal “realizó actos tendientes a posicionar su imagen frente al proceso electoral para la Gubernatura del Estado de Coahuila”. 

Ante esa resolución, dichos anuncios deberán ser retirados tal y como se hizo con otros más en atención a la primera sentencia de la autoridad electoral. 

Las medidas cautelares constituyen mecanismos de tutela preventiva al concretarse como los medios idóneos para prevenir la posible afectación a los principios rectores en materia electoral, a los derechos humanos y a los derechos político-electorales, en tanto se emite la resolución de fondo.

En cuanto a la tutela preventiva, no solo radica en impedir que se lleven a cabo ciertos comportamientos o en evitar la realización de conductas que produzcan algún daño, también conlleva la adopción de las medidas necesarias y suficientes para evitar lesiones. Estas medidas de protección tienen como objetivo prevenir acciones o comportamientos que, de seguirse llevando a cabo, pudieran constituir un ilícito, según establece la resolución de la Sala Superior.