En su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022, el Coneval informó que una de las carencias que más se acentuó fue la de acceso a los servicios de salud, pues de 2018 a 2020, un total de 15.6 millones de personas se sumaron a esta condición, con un impacto mayor en las personas con menores ingresos económicos y habitantes del medio rural.
Esto significa que en 2018 el 16.2 por ciento de la población del país (21.1 millones de personas) no tenía acceso a servicios de salud y dos años después, dicho porcentaje se elevó al 28.2 por ciento, es decir 35.7 millones de habitantes, según el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El mayor incremento se dio en la población con menos recursos, la que pertenece a los deciles I y II y cuyos ingresos trimestrales van de los 9 mil 938 a los 16 mil 862 pesos por familia, mientras que por ámbito de residencia el impacto fue más alto en zonas rurales, donde el porcentaje de población sin servicios de salud se disparó del 13.7 al 30.5 por ciento, mientras que en las urbanas pasó del 17 al 27.4 por ciento.
En el contexto local, los estados de Coahuila y Durango se ubicaron por debajo del incremento nacional del 12 por ciento, al mostrar un aumento de habitantes con esta carencia de un 8.4 y 9.8, respectivamente, de 2018 a 2020.
A nivel estatal también se identifican cambios importantes a lo largo del periodo, pues a diferencia del resto de las carencias que mide el estudio, para acceso a los servicios de salud en todos los casos se registraron aumentos.
Entre 2018 y 2020, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán fueron las entidades que mayor aumento en el porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios de salud reportaron; en contraparte, Chihuahua es la que menor aumento reportó.
Además, en 2018 y 2020 Michoacán ha sido la entidad con el porcentaje más alto de población que carece de acceso a los servicios de salud, con 21.2 y 38.7 por ciento, respectivamente. Se considera que una persona carece de acceso a servicios de salud cuando no está adscrita ni tiene derecho a recibir servicios médicos de alguna institución, sea IMSS, ISSSTE, Pemex, Ejército Mexicano o al IMSS-Bienestar, así como servicios privados.
CAMBIOS NORMATIVOS, PARTE DEL PROBLEMA
El Gobierno federal ha efectuado cambios normativos importantes que han generado ausencia de mecanismos para su aplicación y, por ende, que millones de mexicanos hayan quedado desprotegidos en su derecho de acceder a servicios de salud.
Desde la desaparición de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, encargada de operar el Seguro Popular en 2019; la posterior creación del Insabi y las reformas constitucionales de 2020 al Artículo 4 Constitucional aprobadas en pleno curso de la pandemia por el COVID-19, generó que la crisis sanitaria se desarrollara en ausencia de documentos normativos que regularan la operación de las nuevas instancias.
El año pasado, nuevamente se modificó el esquema de salud al proponer el programa IMSS-Bienestar, sin que se haya emitido el reglamento respectivo ni definir los mecanismos de coordinación entre la Secretaría de Salud con el Insabi, el nuevo esquema y de éstos con las entidades federativas, apunta el Coneval.
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